La coordinadora de la Organización Fraternal Negra Hondureña denuncia la impune especulación con los recursos naturales del país
Río Blanco (Honduras)
ENTREVISTA CON MIRIAM MIRANDA
Tres años han pasado ya desde que se perpetrara el asesinato de la activista del movimiento ecologista Berta Cáceres, consumando las amenazas que el Gobierno hondureño dirigía contra ella desde muchos años atrás. Tres años en los que los defensores del medio ambiente siguen denunciando la hostilidad y la persecuciñón que sufren por parte del Ejecutivo.
¿Nada ha cambiado en este tiempo?
El asesinato de Berta Cáceres nos enseñó de lo que son capaces un sistema y un gobierno a los que no les importa nada. Hay una constante y creciente criminalización y judicialización de los defensores y las defensoras, que se ha agudizado más en los últimos años. Hoy en Honduras por defender el medio ambiente te convierten en terrorista y en enemigo público. El caso de Berta demuestra hasta qué punto somos desechables para el Estado. Eso es lo que más duele.
¿Qué relación guarda el golpe de Estado del 2009 con la situación de los defensores del medio ambiente en Honduras?
No se puede hablar de lo que pasa en Honduras si no analizamos cómo, con el golpe, el país se convirtió en un laboratorio político que entregó sus recursos después de destruir su propia institucionalidad. Casi el 70% del territorio ha sido ofrecido a inversionistas. No solo para minería y proyectos hidroeléctricos. Las zonas especiales de desarrollo o ciudades modelo, pero también los megaproyectos turísticos que afectan, entre otros, al pueblo garífuna [grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y arahuacos], se han convertido en una forma más expedita de entregar la soberanía. Lo que está pasando en Honduras es la máxima expresión de un modelo capitalista voraz por los recursos naturales que requiere estados fallidos e instituciones desmanteladas para imponerse.
¿Cuáles son los impactos de estos proyectos sobre las comunidades, además del medioambiental?
Hay una ruptura del tejido social. Muchas comunidades son militarizadas. Se impone el terror y el desplazamiento. La gente ya no puede producir, la fuerza laboral ,y con ella, la cultura, el futuro, se va para no volver. Es lo que está pasando con la emigración masiva de Honduras. La gente no se va solamente por la violencia de las maras.
Tres años han pasado ya desde que se perpetrara el asesinato de la activista del movimiento ecologista Berta Cáceres, consumando las amenazas que el Gobierno hondureño dirigía contra ella desde muchos años atrás. Tres años en los que los defensores del medio ambiente siguen denunciando la hostilidad y la persecuciñón que sufren por parte del Ejecutivo.
¿Nada ha cambiado en este tiempo?
El asesinato de Berta Cáceres nos enseñó de lo que son capaces un sistema y un gobierno a los que no les importa nada. Hay una constante y creciente criminalización y judicialización de los defensores y las defensoras, que se ha agudizado más en los últimos años. Hoy en Honduras por defender el medio ambiente te convierten en terrorista y en enemigo público. El caso de Berta demuestra hasta qué punto somos desechables para el Estado. Eso es lo que más duele.
¿Qué relación guarda el golpe de Estado del 2009 con la situación de los defensores del medio ambiente en Honduras?
No se puede hablar de lo que pasa en Honduras si no analizamos cómo, con el golpe, el país se convirtió en un laboratorio político que entregó sus recursos después de destruir su propia institucionalidad. Casi el 70% del territorio ha sido ofrecido a inversionistas. No solo para minería y proyectos hidroeléctricos. Las zonas especiales de desarrollo o ciudades modelo, pero también los megaproyectos turísticos que afectan, entre otros, al pueblo garífuna [grupo étnico descendiente de africanos y aborígenes caribes y arahuacos], se han convertido en una forma más expedita de entregar la soberanía. Lo que está pasando en Honduras es la máxima expresión de un modelo capitalista voraz por los recursos naturales que requiere estados fallidos e instituciones desmanteladas para imponerse.
¿Cuáles son los impactos de estos proyectos sobre las comunidades, además del medioambiental?
Hay una ruptura del tejido social. Muchas comunidades son militarizadas. Se impone el terror y el desplazamiento. La gente ya no puede producir, la fuerza laboral ,y con ella, la cultura, el futuro, se va para no volver. Es lo que está pasando con la emigración masiva de Honduras. La gente no se va solamente por la violencia de las maras.