El Informe 2018 Acceso a la tierra y territorio en Sudamérica, presenta insumos de nueve países sudamericanos, que abordan las posibilidades del acceso a la tierra y territorio para campesinos, indígenas y afrodescendientes, a través de los avances en la legislación agraria y territorial, los conflictos por tierra, socioambientales y otras disputas, las acciones populares, las propuestas, normas e institucionalidad correspondiente. Esta “fotografía instantánea” como se propone en la metodología de este trabajo colectivo, proporciona datos y fuentes secundarias sobre la dinámica actual de los sujetos rurales, el recorte al 2018 permite observar la evolución de algunos temas impulsados por las organizaciones del campo, y en muchas ocasiones, regulados por los Estados.
Esta interlocución entre la población rural y la institucionalidad estatal, encuentra varios senderos que se deben considerar al momento de apostar a nuevas agendas reivindicativas y políticas públicas. Las y los coordinadores del texto plantean que un nuevo ciclo del neoliberalismo intenta obstaculizar el libre desenvolvimiento de la economía campesina, la gestión indígena de los territorios y la construcción comunitaria del ámbito rural. En toda la región, el rol del Estado marca una presencia, que lejos de ser proteccionista con las mayorías poblacionales, favorece el libre tránsito de proyectos de infraestructura para el mercado global y actividades extractivas de recursos naturales, materias primas, y también, fuerza de trabajo campesina e indígena.
Este contexto debe marcan la pauta para las expectativas que genera la aprobación de la Declaración sobre los Derechos de los Campesinos y otras Personas que Trabajan en Zonas Rurales, aún sin impacto visible, pues los países que la impulsaron no han generado ninguna repercusión, ni difusión.
Estos análisis por país, nos permiten alertarnos sobre el endurecimiento de los gobiernos, sus decisiones a nivel económico y una serie de radicalizaciones como respuesta a lo que se supone han sido los gobiernos de izquierda, el “discurso de odio” que promueve Jair Bolsonaro en Brasil, y también, la sistemática omisión a las aspiraciones a la paz en Colombia. La importancia del rol del Estado sobrepasa la dimensión económica y el liberalismo de mercado. Los procesos de deslegitimación, escándalos de corrupción que se extienden al tráfico de tierras y al narcotráfico, ponen en entredicho la naturaleza de la democracia.
En cuanto al acceso a la tierra, estos temas se traducen en la reestructuración y el cambio de estatus que adquieren los temas rurales en la institucionalidad pública. La posibilidad de acceder a la tierra para campesinos e indígenas se esclarece en la disputa por la matriz de desarrollo. Bolivia persiste en construir una imagen indígena estatal y un discurso populista, no obstante, delata su vocación desarrollista por los proyectos de infraestructura, generación de energía, y lo más reciente, la proliferación de la necesidad de la biotecnología, transgénicos y la producción de alcohol anhidro para biocombustibles.
La disputa por la matriz de desarrollo está en la crítica y también en las alternativas y apuestas por construir otros modelos y formas propias de desarrollo. La toma de conciencia –de la población rural y urbana– por el agua y por los impactos de los megaproyectos de desarrollo, generan una corriente de opinión masiva contra el avance del extractivismo, la megaminería, el fracking y las fumigaciones aéreas.
Éstos y otros temas son desarrollados en un documento reflexivo y cada capítulo que aborda Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. En esta oportunidad, las y los autores de este Informe, investigadoras e investigadores especializados y comprometidos con las luchas por la tierra y la defensa de los territorios, son:
En Argentina, Tomás Palmisano, Juan Wahren y María Gisela Hadad, del Grupo de Estudios Rurales y Estudios de los Movimientos Sociales en América Latina (GER-GEMSAL) del Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires (UBA)
En Bolivia, Ruth Bautista Durán del Instituto para el Desarrollo Rural de Sudamérica (IPDRS)
En Brasil, Danilo Pereira Cuin, Julia Nascimento Ladeira, Marlon Nunes Silva y Pedro Catanzaro da Rocha Leão, y su coordinador Carlos Walter Porto-Gonçalves, del Laboratorio de Investigación de los Movimientos Sociales y territorialidades (LEMTO) de la Universidad Federal Fluminense
En Chile, Alexander Panez Pinto y Rodrigo Faúndez Vergara, de la Fundación Comunes
En Colombia, Flavio Bladimir Rodriguez Muñoz, Andrés Felipe López Galvis y Luis Ángel Ojeda Rodríguez, articulados al Programa de Geografía e investigador del área Conflicto y dinámica social de la Universidad Externado de Colombia
En Ecuador, Viviana Quishpe, Francisco Hidalgo, Melissa Ramos, del Sistema de Investigación sobre la Problemática Agraria en Ecuador (SIPAE)
En Paraguay, Luís Rojas Villagra del Centro de Estudios y Promoción de la Democracia, de los Derechos Humanos y la Sostenibilidad Socio-ambiental Heñoi
En Perú, Aldo Santos Arias de la Asociación Servicios Educativos Rurales (SER)
En Uruguay, Pablo Díaz Estévez del Núcleo de Estudios Rurales del Observatorio de Política de Tierra, de la Universidad de la República (Sede de Tacuarembó)