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Colombia was one of the three countries that emerged from the collapse of Gran Colombia in 1830 (the others are Ecuador and Venezuela). A five-decade-long conflict between government forces and antigovernment insurgent groups, principally the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) heavily funded by the drug trade, escalated during the 1990s. More than 31,000 former paramilitaries had demobilized by the end of 2006 and the United Self Defense Forces of Colombia as a formal organization had ceased to function. In the wake of the paramilitary demobilization, emerging criminal groups arose, whose members include some former paramilitaries. The insurgents lacked the military or popular support necessary to overthrow the government. Large areas of the countryside were under guerrilla influence or contested by security forces. After four years of formal peace negotiations, the Colombian Government signed a peace deal with the FARC in November 2016, which was subsequently endorsed by the Colombian Congress. The agreement calls for members of the FARC to demobilize and be incorporated into mainstream society and politics. The Colombian Government has stepped up efforts to reassert government control throughout the country, and now has a presence in every one of its administrative departments. Despite decades of internal conflict and drug related security challenges, Colombia maintains relatively strong democratic institutions characterized by peaceful, transparent elections and the protection of civil liberties.

Colombia is a presidential republic.

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El presente Decreto reglamenta los Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano (PIDU), que constituyen el conjunto de decisiones administrativas y de actuaciones urbanísticas, definidas de común acuerdo con las autoridades de planeación de los municipios y distritos, necesarias para la ejecución de operaciones urbanas integrales que garanticen la habilitación de suelo urbanizable para la ejecució

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El presente Decreto adopta el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población Desplazada por la Violencia, que tiene por objeto establecer la política general y las líneas de acción para la prevención y la atención al desplazamiento forzado interno y que permita la restitución de los derechos y las obligaciones de las colombianas y los colombianos afectados por el mismo.

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El presente Decreto reglamenta la Ley que adopta medidas para la prevención del desplazamiento forzado y la atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia, en lo relacionado con la vivienda y el subsidio de vivienda para la población desplazada.

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El presente Decreto reglamenta la Ley Nº 388 de 1997, precisando y reglamentando algunos aspectos relacionados con la revisión de los planes de ordenamiento territorial y la modificación de sus normas urbanísticas.

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La presente Resolución crea el Grupo de Titulación y Saneamiento Predial, dependiente de la Dirección de Sistema Habitacional del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, asignándole entre otras las siguientes funciones: a) promover políticas, normas, procesos, procedimientos, instrumentos y estrategias para impulsar, implementar y acompañar procesos de titulación y saneamient

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El presente Decreto reglamenta la Ley Nº 1.152 de 2007 en lo relativo a la clarificación de la situación de las tierras desde el punto de vista de su propiedad y el deslinde de las tierras del dominio de la Nación, con el objeto de identificar las que pertenecen a la Nación, calificar y definir la eficacia jurídica de los títulos y demás documentos que en relación con el derecho de propiedad qu

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El presente Acuerdo adopta medidas tendientes a evidenciar y profundizar la coordinación y articulación entre el Programa de Protección a Población en situación de desplazamiento que lideran el Ministerio del Interior y de Justicia y el Sistema Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada.

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