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Las transformaciones nacionales han sido tan vertiginosas y abundantes en estas dos décadas que no es fácil recordar la vida política y mediática del país en 1984, el año que nació La Jornada. No había por entonces en el país –salvo las excepciones de Proceso, el Unomásuno y algunas publicaciones marginales– medios realmente independientes del poder. Una red de complicidades, sumisiones y conveniencias, hacía la prensa una parte orgánica del régimen. El accionista principal de Televisa se declaraba “soldado del PRI” y no tenía más competidores que los canales del gobierno, cuyos directivos eran nombrados desde el despacho presidencial. Sólo unas cuantas estaciones radiofónicas ofrecían noticieros regulares y nadie soñaba con barras de análisis político ni resultaba imaginable la actual proliferación de locutores que no sólo critican al aire a funcionarios públicos sino que con frecuencia los amonestan y hasta los insultan. Los medios electrónicos de aquellos años no habían descubierto la potencialidad comercial de la política vista como producto de entretenimiento.

El poder político apelaba a variados y sutiles mecanismos de control de la prensa: desde la amistad y el compadrazgo con directivos y propietarios o pequeñas o grandes gratificaciones para reporteros y columnistas, hasta la privación de publicidad oficial o la negativa de PIPSA –monopolio estatal en aquel tiempo– a vender papel. Si nada de eso funcionaba, el régimen procedía a descubrir pecados en la contabilidad del medio insumiso o, como último recurso, a practicar la abierta injerencia en la vida interna de la publicación y al golpe de estado en asambleas de accionistas o cooperativistas, como ocurrió en Excélsior en 1976.

La uniformidad de la prensa era parte de la unanimidad de la vida política, la cual transcurría, básicamente, dentro de las filas del partido oficial y sus apéndices. Quienes trataban de fundar o mantener partidos independientes, fueran de derecha o de izquierda –como Acción Nacional y el Comunista Mexicano–, eran vistos como apóstoles ingenuos, si no es que como carne de presidio y tortura. Los sindicalistas que se apartaban de los usos y costumbres del corporativismo eran como víctimas de golpeadores y policías. Los activistas agrarios que renegaban de las ligas oficiales solían morir venadeados en algún camino rural. Y eso, por no hablar de quienes optaban por el camino de la guerrilla.

Hacia 1984, México era constitucionalmente un país democrático, federalista, igualitario, laico y respetuoso de la división de poderes y de las garantías individuales, pero en la práctica era una nación autoritaria, ritualista, centralista hasta la paranoia, obsesivamente presidencialista y violadora de los derechos humanos. El grueso de la sociedad, por su parte, toleraba poco las singularidades y diferencias y no estaba muy al tanto de su creciente diversidad. Ese entorno marginaba a los indígenas, a los no católicos, a las mujeres, a los no priístas, a los homosexuales, a los sindicalistas autónomos, a los artistas ajenos a la cultura oficial, a los migrantes, a los académicos, a los activistas de las más diversas causas sociales, a los que pregonaban la viabilidad de la democracia en el país, a quienes pugnaban por el establecimiento de un estado de derecho, a los que veían en la justicia social y la redistribución de la riqueza algo más que reglamentarias escalas discursivas. Esas porciones de la sociedad simplemente no existían para los medios informativos.

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