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Una de las principales banderas de lucha de los agricultores desde las primeras décadas del siglo XX, ha sido la conquista del derecho a ser propietarios de la tierra que trabajan. Desde el proceso de Reforma Agraria iniciado en el gobierno del General Velasco Alvarado (1969-1975) y durante los años sucesivos, se otorgaron miles de títulos de propiedad a los agricultores, sea directamente o por medio de empresas asociativas de propiedad común. Pese a las marchas y contramarchas, han pasado cuarenta años de iniciado el proceso de titulación y de haberse aplicado diversas políticas de formalización por los gobiernos de turno. Por lo que puede afirmarse, que en un buen porcentaje, se ha cumplido con incorporar la titularidad de los predios agrícolas a la formalidad. En ese contexto este trabajo analiza cómo fueron concebidas, elaboradas, y ejecutadas las mencionadas acciones de Estado, tomando en consideración la capacidad instalada y la cantidad de recursos económico-financieros utilizadas para ese fin. Para ello se enfoca nuestro análisis en las labores de formalización de la propiedad rural realizadas en el periodo 1992-2000, teniendo como ámbito geográfico el departamento de Lima, focalizado en las acciones efectuadas en el valle de Huaral, sector Villa Hermosa-Caqui. Se ha escogido este periodo porque en dicha época se inició el proceso de formalización masivo, a través de una nueva institución del Estado creada con ese fin: “El Proyecto Especial de Titulación de Tierras Rurales y Catastro Rural (PETT), institución que contó con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Asimismo considero necesario constatar la existencia de los efectos prácticos de la formalización de la propiedad, en las actividades realizadas por los agricultores beneficiados, que en el caso de nuestra investigación, son un sector de los pequeños agricultores del Valle de Huaral
