Durante 2012, se hizo más evidente que nunca que los países en vías de desarrollo afrontarían una de las decisiones más críticas que se les ha presentado. ¿Tomarían el camino hacia un desarrollo fundamentado en la inclusión, el respeto de los derechos de sus ciudadanos y el estado de derecho? ¿O buscarían un atajo para alcanzar el desarrollo, que conllevara la entrega de las tierras comunitarias y los recursos naturales a inversionistas internacionales y élites nacionales? ¿Convertirían a su población rural en propietarios, o en meros trabajadores sin tierras?

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