Esta es la historia de la Comunidad Indígena Yvyratymi (Vega Cué), en Paraguay, que apenas logró recuperar una parte de su territorio, 205 hectáreas. Se trata de su retorno y el arraigo al territorio como el principio de la reconstrucción de su identidad y la armonía en sus vidas. La titulación de sus tierras se concretó en 2006, con el apoyo y gestión constante de las Carmelitas Misioneras.

Recientemente, se ha renovado el interés en fomentar el desarrollo agrícola sostenible unido a una búsqueda de políticas e innovaciones institucionales que lo favorezcan. Los pagos por servicios ambientales (PSA) son un instrumento normativo relativamente nuevo y diseñado para incentivar la provisión de externalidades positivas para el medio ambiente. Este artículo pretende evaluar la experiencia y el potencial de los programas de PSA en apoyo del desarrollo agrícola sostenible.

Entre el 23 de octubre y el 02 de diciembre de 2016, el IPDRS y el Land Portal, llevaron adelante un foro debate en línea sobre la Propiedad colectiva de la tierra en Sudamérica, desafíos y perspectivas, buscando alimentar la discusión que actualmente proviene de toda una dinámica global desde ONG, centros de investigación, activistas, universidades, colectivos y claramente organizaciones campesinas e indígenas que plantea todo un esfuerzo mundial para defender la propiedad colectiva de la tierra desde sus distintas dimensiones ante las presiones y amenazas provenientes del agronegocio y de

The food crises of 2007-2008, the cause of the “hunger riots” in several so-called developing countries, did not reveal a food shortage but problems accessing the food. These problems were the result of the development of an agricultural model, capitalist operation with workers, that does not meet the food-related needs of individuals with no or little money. The growth of this model is hindering the achievement of food sovereignty and security1.

Les crises alimentaires de 2007-2008, causes d’ « émeutes de la faim » dans plusieurs pays dits en voie de développement, ont été révélatrices, non d’une pénurie alimentaire, mais de problèmes d’accès à la nourriture. Elles ont été la conséquence du développement d’un modèle agricole, l’exploitation capitaliste à salariés, qui ne répond pas aux besoins alimentaires des personnes non ou trop peu dotées en argent. L’expansion de ce modèle fait obstacle à la réalisation de la sécurité et de la souveraineté alimentaires1.

Las crisis alimentarías de 2007-2008, causa de los “disturbios del hambre” en los denominados países en vías de desarrollo, fueron reveladores, no de la escasez de alimentos, sino del problema de acceso a los alimentos. Las crisis han sido el resultado del desarrollo de un modelo de agricultura, la explotación capitalista con mano de obra asalariada, que no responde a las necesidades alimenticias de aquellas personas sin recursos o con muy pocos recursos económicos. La expansión de este modelo impide el logro de la seguridad y la soberanía alimentaria1.

Amid the realities of major political turbulence, there was growing recognition in 2016 that the land rights of Indigenous Peoples and local communities are key to ensuring peace and prosperity, economic development, sound investment, and climate change mitigation and adaptation. Despite equivocation by governments, a critical mass of influential investors and companies now recognize the market rationale for respecting community land rights.

The first set of the land laws were enacted in 2012 in line with the timelines outlined in the Constitution of Kenya 2010. In keeping with the spirit of the constitution, the Land Act, Land Registration Act and the national Land Commission Act respond to the requirements of Articles 60, 61, 62, 67 & 68 of the Constitution. The National Land Policy, which was passed as Sessional Paper No. 3 of 2009, arrived earlier than the Constitution, with some radical proposals on the land Management.