La Justicia de Salta comenzó un juicio contra la dirigente campesina y otros trabajadores de la tierra en una causa impulsada por una empresario que busca desalojarlos desde hace 10 años. La criminalización del conflicto territorial despertó el pedido de absolución por parte de organismos de derechos humanos y funcionarios del Ejecutivo nacional, y pone de relieve el incumplimiento de las leyes vigentes y las normas pendientes.

Legisladores del bloque del Frente de Todos presentaron un proyecto de declaración para repudiar la criminalización de la referente del norte provincial.

Los indígenas en Chile quieren ser reconocidos pero no "al aire", con una mera mención en la nueva Constitución que redactarán los 155 constituyentes que resulten electos este fin de semana, sino con derechos sobre sus tierras y participación de las decisiones políticas.

Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos originarios -que representan el 12,8% de los 19 millones de habitantes- participarán en la redacción de una nueva Constitución, al contar con 17 escaños reservados.

ECOticias.com – ‘El Periódico Verde’ insta a celebrar el Día Mundial de la Lucha Campesina, una fecha poco reconocida pero esencial, para entender y defender los derechos de quienes cultivan la mayoría de nuestros alimentos.

La selva amazónica del Perú está amenazada por las plantaciones para la producción de aceite de palma y la comunidad indígena Shipibo de Santa Clara de Uchunya es clave para su supervivencia. 

Organizaciones campesinas denunciaron el acaparamiento de tierras y saqueo de propiedades, presuntamente impulsadas por el Gobierno de Haití, durante un fórum que cierra sus puertas hoy en la central provincia de Hinche.

El reciente reclamo responde al otorgamiento mediante decreto presidencial de más de ocho mil 600 hectáreas de tierras agrícolas para establecer la Zona Franca Agroindustrial de Savane Diane, que producirá el edulcorante stevia para la trasnacional Coca Cola.

La comunidad lleva más de 40 años buscando el reconocimiento como población minera tradicional, mientras que una minera candiense tiene la licencia de explotación.

Los campesinos de la vereda Mina El Alacrán, en el municipio de Puerto Libertador, al sur del departamento de Córdoba, denunciaron la operación de la Policía Nacional y miembros del ESMAD en la zona, quienes habrían destruido viviendas y sus herramientas para la extracción de minerales.

En su estudio Tres décadas de privatización y despojo de la propiedad social en la Península de Yucatán, publicado por Consejo Civil Mexicano para la Silvicultra Sostenible A.C.se desmenuzan los mecanismos que permitieron que esas bastas superficies ejidales pasaran a propiedad privada.

MÉRIDA, Yuc. (apro).- En tres décadas, desde que entró en vigor la reforma a la Ley Agraria impulsada en 1992, en el salinato, más de medio millón de hectáreas de terrenos ejidales se privatizaron solo en la península de Yucatán.  

Un grupo de campesinos sintieras de la Colonia Toryvete, distrito de Hernandarias, se movilizó este miércoles en la rotonda Monalisa de Ciudad del Este, Alto Paraná. Exigieron que el Indert les provea de tierras y denunciaron la venta irregular de propiedades públicas.

Los sintierra realizaron el bloqueo parcial de la ruta PY02, desde donde marcharon hasta la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) de Ciudad del Este, informó el corresponsal de Última Hora Edgar Medina.

La protesta campesina que sacude India desde hace meses se tornó violenta cuando un grupo de granjeros que participaba en una gigantesca marcha en Nueva Delhi se desvió de la ruta establecida para hacer sentir su presencia en el centro de la capital.

Un campesino murió y unos 400 policías resultaron heridos luego de que algunos manifestantes rompieron las barricadas colocadas a lo largo de la ruta y arremetieron contra las autoridades para dirigirse al emblemático Fuerte Rojo de Delhi, uno de los monumentos históricos más importantes del país.

Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas solicitaron al Estado peruano brindar mayor protección a líderes indígenas y defensores de los derechos indígenas, medioambientales y de la tierra en las regiones amazónicas e informar en un plazo de 60 días sobre las medidas adoptadas para proteger a los defensores.