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Los países sudamericanos, en general, llevan ya dos décadas de procesos descentralización, cada uno con sus propios matices y particularidades. La descentralización resume varias expectativas de modernización y de equidad en la región, siendo sus elementos principales una modalidad igualitaria y compensatoria de los recursos y el potenciamiento de los gobiernos nacionales. Pero se trata, al mismo tiempo, de procesos complejos, muchas veces en retroceso debido a la poca o nula voluntad política de ciertos gobiernos. Por ello, la descentralización fue y seguirá siendo un proceso social, político y económico esencial en las historias contemporáneas de los países de Sudamérica. Por ello, también, es parte de la agenda de Sudamérica Rural. De esto nos habla José Gallo en el artículo que les presentamos en la versión 131 del boletín quincenal Apuntes.
¿Qué de los procesos de descentralización vividos en las últimas décadas en Sudamérica, nos hacen ver, con mayor optimismo que antes, que no tendremos regresiones autoritarias y contaremos con gobiernos responsables y transparentes con su ciudadanía?
Si atendemos a lo sugerido por algunos de los estudiosos y analistas de estos temas, para responder a esta pregunta debiéramos fijarnos en el grado de afirmación o consolidación de algunas de las condiciones que hicieron posible que lleguemos hasta al punto donde nos encontramos o cómo estamos transitando hacia el logro de convertir a estas condiciones (implantación de sistemas electorales confiables, reconstrucción de los partidos políticos, el desarrollo de instituciones que garantizasen un sistema de controles y contrapesos de poderes y la internalización de una conciencia cívica y democrática) en componentes estables de nuestras sociedades.
Para avanzar más
Pese a los logros alcanzados en el caso de la los sistemas electorales confiables, en sus instituciones y en la regulación de los procesos, en algunos países y según sean los tiempos, pareciera que aún tenemos, cada quien, nuestros propios fantasmas. Si no la burda o sofisticada manipulación de los votos, es el acceso y uso de recursos en desigualdad de oportunidades, lo que hace que las campañas electorales, por ejemplo, se conviertan en escenarios de desinformación y abuso de poder en el manejo de los medios.
Eso está tan presente en los procesos nacionales, como en los niveles de gobierno intermedio, por lo menos en Perú. Por ello se hace necesario el debate respecto al monopolio de lo que, incluso según las reglas del propio mercado, no debiera permitirse.
En el caso de la reconstrucción de los partidos políticos, crucial para su legitimidad y el fortalecimiento de la democracia, tiene que llamarnos a la reflexión y a la acción el hecho de que cada vez menos ciudadanos acepten que no puede haber democracia sin partidos políticos.
Pero esta situación es mucho más grave que la opinión de los ciudadanos, pues resulta que en la mayoría de los países sudamericanos hay marcos legales descentralizadores, algunos con gran nivel de especificidad en lo referente a descentralización de la toma de decisiones y control ciudadano y, sin embargo, no todos cuentan con partidos políticos ni líderes capaces de hacer cumplir esas leyes.
Por el contrario, los partidos o movimientos políticos que llegan al poder abandonan sus propuestas políticas originarias o abdican, desde el ejecutivo, de su responsabilidad de cumplir y hacer cumplir las leyes, incluso cuando ellos mismos las generaron.
La situación de abandono de las propuestas de gobierno y de las aspiraciones de quienes se vieron representados y representadas por quienes llegan al poder, se da también en gobiernos locales y regionales. Las razones pueden ser distintas, desde la presión de los poderes fácticos que mueven las economías nacionales, hasta la primacía del interés personal sobre los colectivos. Desde la ciudadanía los cambios suelen explicarse por la práctica común de un comportamiento corrupto que lleva a las nuevas generaciones de políticos a resolver su situación económica a través del acceso y el ejercicio del poder público para hacerse de dinero.
Aunque hay avances, ya que los mecanismos de rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos y de los políticos han ayudado mucho a transparentar la gestión pública, que se desarrolló hasta no hace muchos años bajo la cultura del secreto.
Transparencia e información
Actualmente se ha logrado que, como consecuencia de las políticas de descentralización, en los diferentes niveles de gobierno se realicen audiencias de rendición de cuentas, que se editen y publiquen reportes informando acerca de los ingresos y de los gastos públicos y que los gobernantes informen cuántos acuerdos y convenios se firman.
Sin embargo, resulta paradójico que se ejerciten estos mecanismos y, aun así, la discrecionalidad respecto del manejo de la información llegue a extremos de negarse, esconderse o adulterarse.
Otro de los mecanismos que ayudan a transparentar la información es el uso de los portales que ofrecen las redes virtuales. Pese a que todavía hay un alto porcentaje de la población que no puede, por ahora, acceder a ésta de manera directa, se considera de mucha utilidad que esté allí, disponible.
El control social, como ejercicio de los ciudadanos de vigilar el gasto y el uso de los recursos públicos, se ha visto muy vitalizado, también, como consecuencia de las políticas de descentralización.
Pero quizá sea ésta una de las formas de participación ciudadana más débil. Aunque la población muestra predisposición para señalar actos de políticos en ejercicio de la función pública y de funcionarios y trabajadores públicos que trasgreden las normas, muy pocos o más bien casi nadie, están dispuestos a sostener sus señalamientos o realizar acciones de vigilancia sobre aquellos. Hipotéticamente, esto se debería a la primacía del valor de las relaciones de interés por alianzas amicales, familiares y económicas por encima de las de interés público.
Más ojos para ver mejor
La normatividad sobre las organizaciones de la población que se encargarían del control social, bajo distintos nombres, no ha resuelto el problema. En su interior, y también fuera de ellas, se discute si deben recibir fondos públicos para la realización de sus acciones que, de hecho, implican gastos e inversión de tiempo, siendo una labor que se considera poco atractiva y, más bien, potencialmente generadora de conflictos personales.
Pero también la participación, cada vez más y mejor organizada de la población, para la intervención el planeamiento, la programación y definición presupuestal, la formulación de políticas públicas y la toma de decisiones constituyan mecanismos de contrapeso del poder de los gobernantes en los niveles de gobierno intermedios y locales. La elaboración del presupuesto participativo es uno de los mecanismos que mayor expectativa despierta aunque, como cualquier otra política, es necesario recrear.
Quizá la tarea más titánica que debamos realizara es la internalización de una conciencia cívica y ciudadana. Aunque no sea del todo cierto que las juventudes de los países sudamericanos estén desinteresadas por la política, debemos señalar que la precariedad de la educación que niños y jóvenes reciben, cuando tienen la oportunidad de acceder a ésta, condicionan en mucho ese desinterés.
De otro lado, pese a los avances en pluriculturalismo, las diferencias culturales siguen siendo un factor limitante para el libre acceso y ejercicio de las funciones política y pública de grandes bolsones de la población.
En conclusión, pese a los avances que hemos obtenido en el tránsito y la afirmación democrática de nuestras sociedades en las últimas décadas, no podemos negar la presencia de fantasmas que parecieran decirnos que el sistema nos deja avanzar hasta donde él considera aceptable. Esta idea no viene de una percepción fatalista, solamente pretende recordarnos que hay muchos desafíos y retos por vencer.
Más acción menos lamentos
¿Qué podemos hacer desde instituciones como las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), frente a esta situación?
En primer lugar, iniciar un proceso de sinceramiento interno sobre nuestros fines, objetivos y estrategias de intervención de nuestro trabajo y realizar el mismo proceso de sinceramiento con nuestros interlocutores, sujetos contraparte de nuestro trabajo.
En segundo lugar, sobre la base de asumir que nuestro trabajo es fundamentalmente de construcción de propuestas políticas para la transformación y el cambio, debemos intervenir más en la formación, asesoría y acompañamiento político de las organizaciones de la sociedad civil con las que trabajamos. Esto supone promover la intervención de las municipalidades rurales en los temas de desarrollo económico, como una forma, aunque pequeña, de ampliar las oportunidades para mejorar la producción y el incremento de ingresos.
En la misma línea, debemos contribuir al desarrollo de una institucionalidad que haga posible la articulación de esfuerzos de los diversos agentes o actores económicos de los ámbitos de intervención institucional. Para eso podemos sugerir la intervención (preferentemente de los pequeños productores), en las instituciones legislativas y de fiscalización como las comisiones de trabajo de regidores, de parlamentarios provinciales y departamentales.
En tercer lugar, el fomento de instituciones o instancias de consulta o cualquier otro foro permanente de los gobiernos locales y regionales en los temas productivos contribuiría al mayor diálogo social. Siendo los partidos políticos actores de primer orden para la construcción y afirmación de una sociedad democrática, debemos impulsar su participación activa en los ámbitos o jurisdicciones territoriales más pequeñas, y en las instancias de participación diversas. Así mismo, podemos alentar la identificación y el ejercicio de la oposición política, basado en la sustentación de propuestas alternativas viables frente a las propuestas del partido que ejerce el poder desde el gobierno.
En síntesis, acerquemos los procesos de descentralización y sus políticas a la cotidianeidad de la población. Contribuyamos a identificar sus atributos y confrontemos prácticas para enriquecer las ideas y no solamente los procesos. Se trata de conceptos y relaciones nuevas que exigen los momentos actuales en pos de la ampliación de las libertades de la población mayoritaria.
Las opiniones expresadas en este documento son responsabilidad del autor y no comprometen la opinión y posición del IPDRS.
