El miércoles 5 de agosto, en medio de la crisis política, social y sanitaria que vive nuestro país, la Comisión Agraria del Congreso de la República, presidida por el congresista Machaca de la agrupación política FREPAP, aprobó , de manera apresurada y sin la participación, consulta y consentimiento de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas, el denominado “Proyecto de Ley de Saneamiento Físico Legal y Formalización de Predios Rurales a cargo de los Gobiernos Regionales”.
Dicha iniciativa tiene por objeto impulsar la formalización de los predios rústicos y de tierras eriazas a nivel nacional. Asimismo, busca regularizar los derechos posesorios en predios del Estado, así como de propiedad particular. Si bien en su texto se señala que “los predios de propiedad o posesión de comunidades campesinas y nativas” no están incluidos dentro de su alcance, tal exclusión resulta insuficiente, pues no comprende a las tierras de comunidades cuyas áreas están en trámite de reconocimiento, titulación y ampliación.
Lo que más llama la atención es que dicho proyecto de ley no cuenta con opiniones favorables de instituciones competentes en la materia. Asimismo, tampoco contó con la participación, consulta y consentimiento de organizaciones representativas de los Pueblos indígenas, ni de entidades responsables de salvaguardar las tierras y territorios de los Pueblos Originarios, ni de las instituciones que garantizan la protección de los bosques; todo lo cual era totalmente indispensable, dado que esta masiva formalización de tierras eriazas para la agricultura podría fomentar la deforestación de extensas áreas de la Amazonía, además de generar graves conflictos territoriales.
Es inadmisible aprobar leyes sin el conocimiento ni la participación de los actores involucrados, más aun cuando de por medio están en juego los derechos de nuestros pueblos indígenas originarios campesinos. Por ello, exhortamos públicamente al pleno del Congreso de la República que devuelva el referido proyecto de ley a la Comisión Agraria para que sea debatido de acuerdo a los procedimientos parlamentarios que corresponden para la aprobación de una iniciativa legislativa tan importante y sensible como ésta, garantizando nuestros derechos a la participación, consulta y consentimiento previo, libre e informado que nos reconocen el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.