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El Perú y buena parte del globo viven actualmente una crisis agroalimentaria. Si consideramos que alrededor del 10% de la humanidad sufre de hambre, a pesar de que la producción de alimentos es suficiente para todos, debe concluirse que hay “fallas” en el sistema alimentario, como nos lo ha recordado el secretario general de las NNUU, António Guterres a propósito de la realización de la Cumbre Global de Sistemas Alimentarios, realizada en setiembre del 2021. Fallas a las que se han sumado, para generar la actualcrisis alimentaria, los impactos de la pandemia sobre la economía y la salud pública, la guerra ruso-ucraniana y los trastornos climáticos producidos por el calentamiento global.
En el Perú los indicadores cuantitativos utilizados usualmente para medir la situación alimentaria de la población habían mejorado sustancialmente durante los tres lustros de acelerado crecimiento económico (2002-2015) e implementación de programas asistenciales masivos. Sin embargo, desde aproximadamente mediados de la pasada década, este mejoramiento se detiene y, ya en el contexto de la pandemia, retrocede. Lo mismo ocurrió en otros países que vivieron una bonanza económica en años de altos precios de materias primas.[2]
Actualmente la crisis es más evidente en el acceso a los alimentos por tres razones principales. La primera es la ola de despidos y pérdida de empleos causada por la pandemia, que repercutió en una radical reducción de ingresos de parte de la población; la segunda, la suspensión de las clases escolares, que obligó a los programas de alimentación escolar a cambios importantes en sus procedimientos de distribución; la tercera, el encarecimiento del costo de vida y, particularmente, la inflación del precio de los alimentos.
Las condiciones para enfrentar la crisis alimentaria en el país se han visto perjudicadas, además, por varios factores adicionales: 1. minusvaloración del problema tanto por el poder Ejecutivo como por el Legislativo; 2. graves problemas de gestión derivados de la falta de objetivos claros, de la no idoneidad de los funcionarios nombrados por el nuevo gobierno y la corrupción; 3. falta de una estrategia de seguridad alimentaria (la ENSAN expiró en el 2021); 4. limitada capacidad del gobierno para vincularse a los esfuerzos de la sociedad civil por responder a la crisis; 5. desvinculación completa entre la política agraria y la cuestión alimentaria. Es preciso observar, además, que los sectores sociales más vulnerados por la crisis no tienen canales de expresión propios ni a través de otros medios (gremios, partidos políticos, etc.), por lo que, a pesar de estadísticas alarmantes (50% de la población en situación de vulnerabilidad alta y media) son invisibilizados.