El problema de la tierra

En Colombia, la tenencia de la tierra ha estado presente como un eje estructural en el desarrollo de su historia. Un ejemplo de ello es el coeficiente Gini para la concentración de tenencia de la tierra, que en Colombia es de 0.87, uno de los más altos del mundo. Para el 2013 solo el 0,4% de los propietarios tienen 62,6% de la superficie del país con propiedades mayores a 500 hectáreas [1] . En ese sentido en Colombia de 10,4 millones de hectáreas destinadas a la producción agrícola, se usan únicamente 4,2 millones, cantidad que equivale escasamente al 40%. Por otra parte, los suelos aptos para la ganadería representan 10,2 millones de Has, pero actualmente se explotan 41,7 millones de Has, es decir, hay una sobreexplotación del 400% sobre la tierra destinada a la ganadería, rubro que por su puesto está reservado para la oligarquía. Por otro lado los terrenos entregados en concesión minera en el país suman cerca de 5 millones de hectáreas en 12 mil títulos, pero las solicitudes de concesión se extenderían por cerca de 25 millones de hectáreas, lo que abarcaría un cuarto del total de la extensión geográfica del país. Las hectáreas concesionadas se encuentra en las montañas de los andes donde está el 75% de la población del país.

En los últimos 40 años Colombia ha tenido un giro hacia el poblamiento de las ciudades relacionado al desarrollo capitalista del país, el cual ha traído consigo la descampesinización del campo, reconfigurando el imaginario sobre lo rural con el atraso y la pobreza para legitimar la idea del desarrollo con actividades no campesinas como la agroindustria de los mono cultivos, la ganadería y las economías extractivas minero-energéticas. Además, sobre el escenario nacional hay que ubicar el fenómeno del narcotráfico y sus efectos sociales, económicos y políticos sobre la historia de Colombia, tema que se merece un análisis propio.

La tierra, el conflicto armado, el Estado y la nueva acumulación originaria.

Siguiendo los procesos de transformación del campo colombiano mencionados anteriormente, cabe resaltar que todo lo anterior se enmarca en un contexto de conflicto armado, político y social que ha sumido al país en un periodo de violencia que supera los sesenta años. Un conflicto que ha tenido su raíces en la cuestión de la tierra y el acceso que los campesinos tienen a ella, pero que en su desarrollo histórico como fenómeno particular, desde la década del 80 se ha perfilado como un proceso de contrarreforma agraria en la cual, mediante la violencia paramilitar, expresión armada paraestatal que actúan bajo los intereses de la oligarquía terrateniente, la burguesía y el narcotráfico, siendo muchas veces la avanzada para la usurpación de tierras o el establecimiento mega proyectos extractivistas nacionales e internacionales bajo la complicidad del Estado.

En ese sentido se presenta el despojo violento de la tierra, por ende la concentración de la tierra se ha dado por medio de violaciones a los derechos humanos hacia los campesinos dejando como producto el desplazamiento forzado de casi 7 millones de personas, que para salvar la vida se desplazan forzadamente hacia los cascos urbanos destinados a engrosar los cinturones de pobreza de las grandes ciudades. De este modo la burguesía y la oligarquía terrateniente a cargo del país configuran un nuevo escenario de acumulación originaria, o dicho de otro modo la desterritorialización campesina del país logrando con ello implementar los grandes proyectos de agro industria o mega minería en la ruralidad nacional.

En ese escenario el Estado se manifiesta generalmente de dos formas: como violencia legalizada, es decir, el Estado se presenta con la policía o el ejército; y dos, con políticas gubernamentales orientadas a la titulación de baldíos a la oligarquía criolla o a las multinacionales, lo que se traduce en la extranjerización de la tierra, reflejando con ello el poco o nulo interés de los gobiernos de turno por solucionar la inequitativa distribución de la tierra, imperando así la lógica de mercado sobre ese recurso.

El problema de la tierra, o se profundiza o se avanza a la superación.

En escenarios históricos como el Colombiano se diferencian claramente el carácter de clase que ha tenido el desarrollo del conflicto. Ahora bien, en la coyuntura actual que se vive desde hace cuatro años en la Habana, Cuba, donde se llevan a cabo los diálogos de paz entre la insurgencia de las FARC-EP y el gobierno nacional en cabeza de Juan Manuel Santos y donde se ha firmado el acuerdo para el punto uno de la mesa, denominado “Hacia un nuevo campo colombiano: Reforma Rural Integral”, donde se han hecho acuerdos para la superación de la raíz más profunda del conflicto armado, político y social de Colombia. Actualmente existen dos caminos, uno que va en dirección de la profundización del conflicto y por ende en contra de los caminos que llevan a la paz con justicia social que se empezarían a caminar en Colombia solucionados los problemas que empujaron al país a la lucha armada.

Entonces por un lado tenemos la ley 1776 del 2016 impulsado por el gobierno donde se definen las Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social, o mejor conocida como la ley ZIDRES; por el otro lado, una propuestas que emergen de la organización y la lucha histórica de los sectores campesinos que vieron su cristalización en las Zonas de Reserva Campesina, ZRC, una figura que alberga grandes potencialidades, abriéndose salidas favorables para los campesinos, pues con ella son reconocidos como sujetos políticos, sociales y de derechos y que además dan salida a uno de los mayores problemas y razones históricas del conflicto: la tenencia de la tierra, figura que se encuentra avalada en la Ley 160 de 1994.

El camino hacia la profundización: la ley ZIDRES.

Como hemos mencionado anteriormente en Colombia se ha dado una nueva acumulación originaria en el marco del conflicto armado, político y social durante los últimos sesenta años. Así los terrateniente de Colombia y las multinacionales han aumentado la extensión de sus fincas o adquirido terrenos para la explotación o especulación aprovechando entre vacíos legales y las avanzadas paramilitares. Es así como encontramos casos como el de Cargill, la multinacional agrícola más grande del mundo, la cual acumuló 52.575 hectáreas de origen baldío en la Altillanura. Gracias a la asesoría de la firma de abogados Brigard & Urrutia, Cargill creó 36 sociedades de papel para evadir la restricción que la Ley contempla para la tenencia de esas tierras. Según un estudio de la Oxfam, la argucia le permitió a la empresa “superar en 30 veces el máximo permitido por la ley a un solo propietario”.

Pero entonces ¿qué son las ZIDRES? Un nuevo instrumento jurídico que permitirá legalizar las hectáreas de tierra obtenidas de manera fraudulenta por empresas nacionales y transnacionales a lo largo y ancho del país.

Según Aida Pesquera, directora de OXFAM en Colombia, las ZIDRES son inconstitucionales: “(…) el contenido de fondo es el mismo. Cosméticamente se modifica, pero la esencia es que se declaran zonas donde la agroindustria puede acumular baldíos y se legalizan acumulaciones anteriores” y agrega, “Legalizan concentración ilegal de tierras: (…) se procederá a sanear las situaciones imperfectas garantizando la seguridad jurídica, previa a la aprobación del área” (El Espectador, 18 de diciembre de 2015).

En esa misma línea el senador Jorge Robledo, senador opositor, denunció durante la ponencia que terminaría con la aprobación de la ley 1776 sobre el caso de Carguill que “podría legalizar 55.863 hectáreas de las 61.862 que posee ilegalmente”, lo mismo podría pasar, con otras 48.000 hectáreas que posee la transnacional Pacific Energy en el Departamento del Meta (Robledo, 2015). Acá se puede dilucidar el primer vínculo claro de la ZIDRES con el acaparamiento de tierras que se presenta en varias partes del mundo.

En ese sentido y en un contexto de escenario global, las ZIDRES harían el equivalente a la herramienta contractual conocida como Leasing, que no es otra cosa que un arrendamiento con posibilidad de venta, y que es empleada en otras latitudes como forma para materializar las concesiones de tierras por periodos de tiempo muy extensos, de alrededor de 100 años, siendo así un eslabón más de la cadena que comprende el modelo internacional de concesión y acaparamiento conocido como Land Grabbing.

Entonces con Las ZIDRES se perpetuará la concentración de la tierra que hoy en día ¡se mantiene en los niveles de hace 100 años!, por lo tanto, si seguimos este camino en Colombia no habrá desarrollo rural equitativo.

El camino hacia la superación: las Zonas de Reserva Campesina.

En Colombia a lo largo del conflicto se han generado casi 7 millones de desplazados internos, durante el ir y venir de las diferentes oleadas de desplazamiento, siempre han existido pequeños grupos que no migran hacia las ciudades principales del país, sino más bien, busca espacios de baldíos de la geografía nacional y los coloniza [2] , una práctica a través de la cual muchos campesinos han intentado escapar de la violencia, pero que de una u otra forma el conflicto los sigue persiguiendo. Del mismo modo han emergido fenómenos de resistencia campesina, que se rehúsan a dejar el campo y perder su identidad, en ese sentido a lo largo y ancho del país han aparecido diferentes organizaciones campesinas que trabajan en conjunto diferentes aspectos de dicha identidad, desde luchas reivindicativas por el acceso a la tierra, derechos políticos y mejores condiciones en el comercio de los productos.

Creemos que el campesino ha sido y es un factor fundamental en la producción interna, su larga historia de organización y lucha ha tenido momentos importantes de incidencia en la definición de lineamentos en la políticas del sector rural, este es el caso de las zonas de Reserva Campesina, consagrada en la ley 160 de 1994, cuyo contexto social, político y ambiental originario está ligado a la exigibilidad y lucha de la tierra y el territorio. Por ejemplo, la movilización de los colonos sobre San José del Guaviare exigiendo garantías de estabilidad en el territorio y la necesidad de frenar la colonización sobre el Parque Nacional Natural Serranía de La Macanera y los cultivos de uso ilícito y el establecimiento de un acuerdo colonos-Estado frente a la nueva delimitación de la reserva, la legalización de su ocupación y el establecimiento de topes a la acumulación de tierras para aliviar la presión ejercida por el latifundio.

Las organizaciones campesinas responden a luchas agrarias anteriores a la constitución de 1991 y luego de este marco constitucional han planteado la figura de las ZRC. Esta figura se presenta como “una herramienta para delimitar la propiedad de la tierra, y estabilizar a campesinos y colonos en zonas de amortiguación de parques naturales y reservas forestales (España, 2001), siendo así concebida en su origen como una estrategia productiva y ambiental. (Fajardo 2000).

Según el Instituto colombiano de desarrollo rural, INCODER, se define la ZRC como una figura jurídica fruto de la lucha organizada del campesinado y un avance en la búsqueda de un desarrollo rural integral. Se define como un área geográfica delimitada con historia de colonización, predominancia de terrenos baldíos y la presencia importante de recursos naturales; con características agroecológicas y socioeconómicas que requieren regulación, limitación y ordenamiento de la propiedad con el fin de estabilizar la economía campesina y superar las causas de los conflictos que las afectan.

A modo de conclusión

Dentro del proceso histórico colombiano la tenencia y el acceso a la tierra ha sido un eje estructural del conflicto político social y que en los últimos sesenta años ha sido armado. Hoy Colombia se encuentra con posibles avances a hacia su superación del conflicto dentro de un contexto de negociación política con las fuerzas insurgentes, las cuales nacieron como consecuencia del problema mismo de la tierra entre otros factores, y que abren las puertas a una reforma rural integral y en consonancia con los aires de Paz con justicia social que el pueblo colombiano espera conocer, uno que viene con el reconocimiento del campesino como un sujeto político, social y de derechos. En ese sentido, las Zonas de Reserva Campesina se perfilan como el camino a seguir para superar las razones históricas del conflicto.

Notas

[1] Tierra en Colombia –Entre despojo y negocio Presentación de la situación actual de una problemática al centro del conflicto (2013) puede ser revisado acá http://www.oidhaco.org/uploaded/content/article/666329106.pdf

[2] Según Hurtado 2000; la colonización es definida como “el establecimiento relativamente reciente en un área de una población con un nuevo sistema de asentamiento, este tipo de inmigración genera nuevos patrones cultural de poblamiento, nuevas relaciones con el medio ambiente, diferentes estructuras económicas. Estas son unas de las características que se deben tener en cuenta para catalogar unas inmigraciones como colonización.

Miguel Sánchez Samacá, estudiante de antropología social.

Foto publicada en El Espectador.