Por:  Aimée Martínez Vega* 

Los intereses de las empresas mineras e hidroeléctricas, los paramilitares y las guerrillas disidentes, y el monocultivo de la coca son piezas de la violencia estructural que expulsa a las familias campesinas de sus tierras. Sin respuesta del Estado colombiano, la crisis humanitaria que ocurre en el municipio de Ituango, con 4 mil familias desplazadas en el último mes, expone la problemática.

 

 

El miércoles 21 de julio la población rural de Ituango, municipio del departamento de Antioquia en Colombia, inició un nuevo éxodo que se añade al dramático historial de los últimos años. Las cifras sobrepasan las 4.000 personas. Detrás de este desplazamiento campesino se gestan disputas territoriales empujadas en especial por intereses de compañías mineras, ya que todo el territorio tiene emprendimientos mineros vigentes. Hay diversas concesiones transnacionales para extraer oro que están en el área de represamiento del río Cauca, bajo el proyecto hidroeléctrico Hidroituango, el más grande en instalación en Colombia, y en situación de riesgo por su inadecuada construcción.

Asimismo, hay intereses en torno al monocultivo de coca y de laboratorios de procesamiento de sustancias psicoactivas. Según reportó la lideresa y vocera del Movimiento Ríos Vivos, Isabel Zuleta: “Actualmente los mayores propietarios de tierras son el proyecto Hidroituango, y el segundo, la familia Angulo Osorio, cuyo hijo fue capturado y condenado por el asesinato del líder y defensor de derechos humanos, Jesús María Valle”. Además, se denunció que las organizaciones criminales que están llegando a la zona suelen comprar tierras y se vinculan con la minería y el control de coca.

Las familias desplazadas se encuentran en el casco urbano del municipio: hacinados, confinados en la urbanidad, sin lugares ni condiciones para pasar las noches, alimentarse, asearse y resguardarse de la tempestad. Sumado a la situación de desplazamiento, hubo un vendaval con lluvias torrenciales y fuertes vientos, que han dejado destruida la carretera de acceso y salida de Ituango. También, se presentaron derrumbes en varios puntos de la vía y varias familias se encuentran damnificadas. 

Durante los primeros días, las autoridades competentes no se manifestaron ni se implementó de manera inmediata y eficaz un plan de atención ante las emergencias de derechos humanos y desastres; es decir, la institucionalidad parece que no está funcionando.

 

Fredy Henao

 

Sin garantías de volver a ser desplazadas 

En el municipio, la cantidad de funcionarios supera la capacidad de atención y de perspectiva diferencial que se requiere. La situación de las mujeres, las niñeces y personas mayores se hace prioritaria. Sin embargo, no existen posibilidades económicas y humanas para resolverlo, pese a que, por años, se han presentado situaciones similares. Es decir, los análisis de riesgo, de intervención estatal y de garantías de no repetición no son consistentes para una realidad compleja que lo requiere y que no es nueva. 

El pedido del gobierno municipal a la población es que regresen a sus hogares. Sin embargo, miembros de organizaciones sociales y Juntas de Acciones Comunales consideran que no cuentan con ningún tipo de garantías. Por la huida forzada han perdido su patrimonio, es decir, sus animales y cultivos. Lo perdieron y era lo único que les permitía la sobrevivencia.  

Ante la complejidad de este evento, Yesid Zapata, observador permanente y miembro de la Corporación Jurídica Libertad, manifestó su preocupación, dado que algunos miembros de organizaciones sociales de Ituango se desplazaron el 30 de julio para hacer parte de la mesa territorial de garantías a la ciudad de Medellín y no hubo asistencia de las autoridades competentes. 

“Estos hechos demuestran la falta de compromiso y voluntad del gobierno nacional y departamental para escuchar este tipo de situaciones”, denuncia Zapata y considera que el “gobierno nacional se está negando a escuchar todos los sentires de líderes y lideresas en un momento de crisis humanitaria”. 

 

 

 

 

 

 

“El Gobierno no fue capaz de frenar el desplazamiento forzado”

A esto se suma que el pasado 28 de julio, el Movimiento Ríos Vivos solicitó ayuda al gobernador de Antioquia, Luis Suárez, para poder transportar las ayudas obtenidas y no recibieron respuesta. En paralelo, Suárez se expresó en sus cuentas ofreciendo recompensa de cincuenta millones de pesos a quienes dieran información sobre los criminales que están llevando adelante el desplazamiento, un hecho de lesa humanidad. 

Isabel Zuleta, en consonancia con otras lideresas, rechazó la campaña lanzada por Suárez: “Es ofensivo su pedido, pues, si sabemos que detrás de esto está alias Camilo, una disidencia de las FARC-EP ¿Qué más tenemos que saber?”. “¿Con qué confianza se puede brindar información a la institucionalidad si no fueron capaces de frenar el desplazamiento forzado?”, interpeló la vocera del Movimiento Ríos Vivos. Hay alertas tempranas de la defensoría del pueblo que, bajo análisis rigurosos, determinaba que esto estaba pasando y que seguiría sucediendo.

Es sabido el control de grupos armados en el territorio, situación que se vio agravada con la firma de los acuerdos de paz. Para Zapata, luego de la firma de los acuerdos, “ha sido constante el fortalecimiento de estas estructuras, y, hasta el momento, el gobierno nacional y departamental no han cumplido con acciones encaminadas a brindar garantías de seguridad y no repetición”. 

De acuerdo con las declaraciones de Zuleta, en Ituango convergen estructuras paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), las disidencias de las FARC-EP del frente 36 y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

 

 

 

Un poco de historia sobre el desplazamiento campesino 

Ituango ha sido un municipio azotado por la violencia estructural y el abandono del Estado colombiano. Hoy, nuevamente, se ve ante un masivo desplazamiento forzado en medio de la pandemia, la emergencia sanitaria y un fuerte vendaval. En febrero pasado fue escenario del recrudecimiento de la violencia armada, con más de 500 personas desplazadas de las veredas (localidades rurales) de Quebrada del Medio, Las Arañas, Alto de Limón, Santa Lucia, San Ramón, El Aro, El Quindío y el Cañón de Santa Rita. 

Estas comunidades han sido desplazadas de manera sistemática. Según Lina Zuleta, miembro de la comunidad de Ituango: “El abandono del Estado es sistemático; parece intencionado. Llevamos una vida de guerra; tenemos la vivencia de la masacre de El Aro, de 1997; y hoy estamos ante un desplazamiento masivo que se viene haciendo cada año, pero que, esta vez, se hizo en menos tiempo”. 

Sin embargo, ante la denuncia, se presentan estigmatizaciones y amenazas a los miembros de la comunidad, y, de manera particular, a los líderes y lideresas. Históricamente, por miedo a denunciar y mínimas respuestas por parte del Gobierno, las soluciones ante la barbarie, la pérdida de animales, cultivos y viviendas, están basadas en la solidaridad entre los miembros de la comunidad para el restablecimiento de las condiciones mínimas de subsistencia. 

Desde el año 2016, cuando comenzaron estos desplazamientos, las personas no tienen el deseo de ampliar sus cultivos o criar animales porque el despojo fragmenta sus esperanzas de vivir ciclos completos de cuidado, crecimiento e intercambio. Su deseo es saber ¿por qué ocurre esto? ¿A quiénes beneficia? ¿Por qué les dicen que ellos no son del lugar y deben desplazarse en el menor tiempo posible? ¿Por qué el Estado departamental y nacional no enfrentan esta situación con garantías?

 

 

 

¿Cuáles son las garantías de no repetición?

A pesar de esta cruda, compleja e histórica realidad, el gobernador de Antioquia planteó ante los medios de comunicación que la población no sabe por qué salieron de sus casas hacia la cabecera municipal. Manifiesta que los criminales «tienen un modo de generar miedo a través de cadenas de WhatsApp, con mensajes que les llegan a los líderes, a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal, e inducen el desplazamiento de todas estas personas que no tiene antecedentes en el departamento». 

Minimizar un fenómeno de tal magnitud sólo permite mayores vulneraciones a la población en situación de riesgo, así como la vulneración de sus derechos humanos. Del mismo modo, no actuar ante este tipo de amenazas solo permite la continuidad de estos mecanismos. Genaro Graciano, miembro de la comunidad de Ituango, expresa su profunda preocupación por el pedido de retorno por parte del gobierno. Y advierte que no queda claro “¿cuáles serían las garantías en el territorio? Y, sobre todo, ¿cuáles son las garantías de no repetición?”.  

 

 

*Investigadora de la Asociación Mujeres Defensoras del Agua y la Vida (Amarú)- Movimiento Ríos Vivos y del Equipo de Ecología Política del Sur

 

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