To accommodate the needs of hundreds of thousands of returnees after war and fgenocide in 1994, the new Rwandan Government launched a settlement programme, Imidugudu. Since early 1997, this programme has targeted the entire rural population: all scattered households in the country had to be regrouped in villages. What started as a response to an emergency turned into an ambitious but controversial development programme. The programme has been implemented with support from international organizations, including UNHCR and numerous NGOs.

This Policy Brief summarizes the main findings and recommendations of qualitative and quantative research on implementation and outcomes of the 2007 Expropriation Law in Rwanda. Rwanda is developing at a remarkably rapid pace, and with that development has come a multitude of corresponding changes to the orientation and use of land throughout the country.

This background briefing reports on a study of land access for returnees in Rwanda, and the impacts of land access policies in the post-conflict period. It also seeks to understand better the roles international humanitarian agencies and NGOs have played, and how their performance can be improved. It is not suggested that Rwanda is typical, but rather that the centrality of land issues there has thrown up a revealing set of broader questions.

This report presents the findings of the Yanacocha Independent Fact Finding Mission (the “Mission”), conducted between August 2015 and March 2016. The Mission was tasked with examining a conflict between a multinational gold mining company and a local campesino family, in the high Andes of northern Peru. At the root of the conflict is a dispute over a parcel of land called “Tragadero Grande”. Located within the Campesino Community of Sorochuco, Tragadero Grande falls within the footprint of a planned multi-billion dollar mining project called “Conga”.

In Burma, where 70 percent of people earn a living through agriculture, securing land is often equivalent to securing a livelihood. But instead of creating conditions for sustainable development, recent Burmese governments have enacted abusive laws, enforced poorly conceived policies, and encouraged corrupt land administration officials that have promoted the displacement of small-scale farmers and rural villagers.

El caso de comunidades migrantes que se establecen en tierras baldías y luego, el Estado construye una represa que inunda sus tierras, y los desplaza, afectando su vida, y obligándolos a años de lucha demandando una justa indemnización y la dotación de nuevas tierras.

30 familias organizadas resisten la expulsión por parte de los hacendados, defendiendo la tierra donde han vivido. Luego de largas negociaciones, donde los campesinos resisten las acciones de los hacendados en su contra, se llega a un acuerdo y cada una de las 300 familias recibe una parcela de tierra, titulada familiarmente, en contraprestación por sus años de trabajo en las grandes haciendas

Experiencia familiar de acceso y retorno a la tierra, encabezada por doña Rosa, mujer campesina que de niña llegó a Bogotá. En un barrio urbano, encuentra un basurero, habilitándolo para la agricultura agroecológica, cultivos orgánicos y uso de semillas nativas que se convierte en un espacio de encuentro y minga, donde se comparte saberes: la Granja Escuela Agroecológica Mutualitas y Mutualitos

En junio de 2014 sucede algo inédito en la historia de la lucha por la tierra en Paraguay: una comunidad indígena (Sawhoyamaxa), logra la restitución de las 14.404 hectáreas de tierras que hace más de 20 años viene reclamando como suyas. En 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había determinado que en justicia le pertenecía.

La violencia política entre el Estado peruano y un grupo levantado en armas (PCP-Sendero Luminoso) obligó a los habitantes de Viscatámpata a un desplazamiento forzado para salvar sus vidas. El caso relata la historia del retorno y recuperación de la tierra abandonada en la provincia de Huanta, departamento de Ayacucho, Perú.

Aqui se narra el caso del El Pueblo Kamentza, que habita su territorio ancestral en el valle de Sibundoy, gestionando sus derechos ante el Estado, organizando la gestión territorial y defendiéndose de las presiones extranjeras que vienen con los megaproyectos mineros.

Se trata del caso de la población afro de La Alsacia, que se encuentra organizada como Empresa Comunitaria para promover el desarrollo de la comunidad en términos productivos, culturales y organizacionales, a parir de haber accedido a la tierra colectivamente luego de sufrir desplazamientos por la violencia en Colombia.