Por: Felipe Betim
En el corazón del Amazonas, Ajareaty Waiapi realiza uno de los rituales más tradicionales de su tribu. La jefa tribal machaca las semillas de urucum rojo sangre en una pasta espesa y se lo aplica generosamente en la cara, el pecho y el torso desnudos. La mezcla protege su piel del sol y los insectos. También se cree que aleja a los espíritus malignos.
Por:
This week in Geneva, the Human Rights Council is expected to take a position on the follow-up to a draft Declaration on the Rights of Peasants and Other Persons Working in Rural Areas. Five years after the start of the negotiations, we are at a turning point.
La organización Front Line Defenders ha documentado 821 casos de Defensores de Derechos Humanos (DDH) asesinados en los últimos cuatro años, desde que empezó a establecer un listado general a nivel mundial en cooperación con ONG nacionales e internacionales. El 79% de este total se produjo en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. La gran mayoría de estos casos no ha sido debidamente investigada, y sólo unos pocos responsables de estos crímenes han sido llevados ante la justicia.
The Santa Clara de Uchunya community has lived in a remote section of the Peruvian Amazon for generations. Like many indigenous groups, this community of the Shipibo-Konibo people have traditionally managed and relied on forests for hunting, fishing and natural resources.
But in 2014, someone started cutting down large sections of the community’s ancestral forests.
Much of the world’s rural landscapes are technically managed by national governments with limited recognition of, or support for, the rights and management responsibilities of the rural poor who live in these areas. In an era of large-scale land acquisitions for global commodity production, this has led, in some cases, to governments allocating vast tracts of land and resources to companies with limited or no consultation of the people affected.
For hundreds of years, pastoralists in Ethiopia’s lowlands have relied on strong customary land tenure systems to survive. Historically, legislation has failed to clearly define communal rights to rangelands, and the specific roles and responsibilities for both communities and local government to administer and manage these resources. This legislative deficiency prevented pastoral communities from fully exercising their constitutional rights to land (Ethiopia’s Constitution broadly recognizes pastoral communities’ right to access land and prevents their involuntary displacement).
Los derechos legales otorgados a las comunidades indígenas en Bolivia y Chile difieren enormemente. Val Reynoso investiga.
Bolivia y Chile difieren significativamente en la manera en que sus gobiernos abordan las cuestiones relacionadas con los pueblos indígenas. Estas diferencias son causadas por el sistema económico neoliberal y los legados de la era de Pinochet en Chile, así como por el enfoque de los asuntos indígenas y la redistribución de la riqueza en Bolivia.
Por:Itzamná Ollantay
Los días 30 y 31 de agosto, del presente año, defensores y comunicadores indígenas y campesinos, provenientes de 14 pueblos mayas, Xinca y Mestizo, asentados en 122 comunidades, distribuidos en 17 departamentos del país, se autoconvocaron en el Encuentro Nacional de Defensor@s y Comunicador@s Comunitarios, realizado en el Cantón San Miguelito, Municipio Santo Domingo, Departamento de Suchitepéquez.
Hoy los pueblos indígenas viven el mayor embate en su contra: sus montes y recursos naturales están en la mira de empresarios, locales y extranjeros, que cuentan con la anuencia de las autoridades mexicanas. La mayoría de las comunidades originarias padecen, además, miseria y discriminación. Pero también están construyendo formas de lucha efectivas para preservar su integridad como colectividades
Por Guillermo Castillo (Contralínea)