¡Las nominaciones para el Premio Front Line Defenders 2024 para para Personas Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo están oficialmente abiertas!
En este tercer episodio de la serie #CentroaméricaResiste, Radio Progreso narra cómo, el impacto de la industria extractiva a través de las hidroeléctricas y mineras, ha generado que las mujeres se organicen ante la falta de consulta a las comunidades, para estas actividades. Esta defensa las pone en riesgo al igual que a otros defensores y defensoras de la región. Desde Oxfam en Centroamérica, a través de nuestro eje de Justicia Climática y Pueblos Indígenas, le apostamos al Acuerdo de Escazú, primer tratado ambiental regional aplicable a América Latina y el Caribe, que entre otros , promueve mecanismos efectivos de protección para defensoras y defensores.
A través de un pronunciamiento, advierten que la iniciativa elaborada por Perupetro debilitaría la protección del medio ambiente y la conservación de la biodiversidad al priorizar el aprovechamiento de recursos hidrocarburíferos, transgrediendo acuerdos nacionales e internacionales, así como los derechos de los pueblos indígenas.
150 familias de la comunidad religiosa han comprado 33 mil hectáreas en el centro del país. Comunidad indígena reclama derechos ancestrales y aseguran que las tierras fueron adquiridas ilegalmente
El dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Eduardo Mendúa, fue asesinado este domingo por sicarios al interior de su domicilio, denunció esa organización social.
El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), condena el atentado en contra del Defensor de Derechos Humanos Abelino Sánchez, Miembro de la Red de Defensores de Tierra y Territorio (RENADET); Secretario Regional de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), Seccional Cortés, y presidente de la Cooperativa Campesina del Aguacatal, jurisdicción de Villanueva Cortes.
La Unidad de Restitución confirmó la radicación de la demanda con la cual 632 indígenas Nükak podrían ser restituidos, en el caso que involucra mayor cantidad de tierra en la historia de la entidad. Solo el departamento del Atlántico representa un tercio del total del área solicitada.
LA INTERNATIONAL LAND COALITION - AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (ILC ALC) EXPRESA SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN POR LOS DESALOJOS VIOLENTOS DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS E INDÍGENAS QUE SE VIENEN REGISTRANDO A LO LARGO DEL MES DE NOVIEMBRE EN LAS VERAPACES, EN EL MARCO DE UN PROCESO DE MILITARIZACIÓN, PONIENDO EN RIESGO SUS VIDAS Y VULNERANDO SU DERECHO A LA TIERRA.
Asunción 23 de noviembre 2022 (BASE-IS) El Asentamiento Calixto Cabral, del Distrito de Capiibary, Departamento de San Pedro, sufrió un nuevo desalojo forzoso en la jornada de ayer, la ejecución del desahucio se realizó sin orden judicial y con la participación de civiles armados que destruyeron cultivos y viviendas. Según datos del Observatorio Agronegocio, Tierra y Derechos Humanos más de seis mil personas sufrieron desalojos entre setiembre del 2021 y agosto del 2022.
Siete preguntas y respuestas para entender la Recomendación General n° 39 de la CEDAW
Una de las constantes, durante el encuentro en la localidad bonarense de General Rodríguez, fue la discusión por el acceso a la tierra.
La prevención del acaparamiento de tierras y la aplicación de medidas de protección estatal son fundamentales para hacer frente al malestar social y medioambiental en la región.
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Desde hace varios años, los líderes indígenas de las comunidades del pueblo Tsimane soportan todo tipo de maltratos por defender sus territorios. Uno de los casos es el de Rosendo Merena, dirigente tsimane' del Sector Yacuma.
Una sentencia respalda la legalidad y legitimidad de las resoluciones de las autoridades de los resguardos a la hora de regular la explotación de sus recursos. Los embera chamí de Caldas han ganado una batalla que sienta jurisprudencia en el tema minero.
Deadly attacks against displaced war victims trying to have their land returned cost yet another life on Sunday in an ongoing wave of violence against community leaders in Colombia.
The latest killing took place in a rural part of Turbo, a hotbed of paramilitary activity where forced displacement in the 1990s and early 2000s was particularly prevalent.