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Resumen El propósito de este documento es incentivar un debate sobre un tema poco discutido en la región. Actualmente, los responsables de la gerencia de los predios agrícolas (tanto los agricultores por cuenta propia como los agricultores comerciales) de la región son, en alta proporción, personas de tercera edad, lo que no parece ser propicio para un desarrollo dinámico, ni del sector silvoagropecuario, ni de las áreas rurales, menos ante las exigencias cada vez mayores de competitividad en un mundo de mercados libres y globalizados. La situación actual podría exacerbarse con el envejecimiento de la población rural. Surge entonces la pregunta de cómo funcionan las instituciones sociales y legales en torno al traspaso intergeneracional del uso, propiedad y decisiones sobre los bienes familiares y si éstas se adecuan de manera espontánea a nuevas situaciones. También surge la interrogante de sí lo anterior puede ser modificado en su dirección, o en su ritmo. La tercera pregunta que se plantea es cómo se logra, por quiénes, y cuáles son las medidas compensatorias a tomar. De ninguna manera el documento pretende entregar respuestas cabales. Sí hace algunas sugerencias -fuertemente inspiradas en la experiencia europea-para que jóvenes que deseen instalarse como agricultores tengan más posibilidades de hacerlo. Las medidas tienen que ver con dar preferencia a la instalación de jóvenes en los programas de intervención pública en el mercado fundiario, incluyendo la titulación y el crédito; el establecimiento de un régimen eficaz de arrendamientos; la elaboración de contratos intergeneracionales; la participación activa de la sociedad civil en su negociación y supervisión; la puesta en marcha de programas que incentiven el cese de actividad por parte de agricultores de edad avanzada, para posibilitar la liberación de sus tierras, incluyendo sistemas de pensiones y de ayuda para la vivienda; la flexibilización y adecuación de los mecanismos sucesorios; y otros.
