El objetivo del trabajo es examinar la revisión oficial de las "donaciones condicionadas" implementadas en el partido de Azul y la respuesta de la sociedad rural durante la segunda mitad del siglo XIX. Mediante un análisis principalmente cualitativo de la legislación, prensa, correspondencia, expedientes de tierras y otras fuentes coetáneas, se aborda el marco legal y el accionar social, considerando los argumentos esgrimidos para la puesta en valor de los derechos y el acceso a la propiedad formal.

Analiza los efectos del estancamiento del proceso de formalización minera sobre las comunidades nativas Boca Inambari y Tres Islas en el departamento de Madre de Dios, Perú. Plantea que el estancamiento de la formalización minera en Madre de Dios, la incomunicación intersectorial de las entidades de decisión respecto al potencial de formalización de las Comunidades Nativas, así como las interdicciones, y los engaños de algunos consultores, han desestimulado el afán de las comunidades para ordenar sus actividades y las han conducido a asumir alternativas para subsistir.

O texto aborda a dinâmica dos conflitos fundiários no Estado do Amapá. O trabalho resgata a gênese desse processo, apresentado pela política e pela mídia como uma relação pacífica no campo. Na realidade, contudo, o Amapá constitui um dos estados da Federação com significativas incidências de disputas por terra. Para a realização da pesquisa foram coletados dados, especialmente, da Comissão Pastoral da Terra, por meio dos seus registros anuais (Conflitos no Campo); mas também foram realizados levantamentos sobre a dinâmica do campesinato e sua recriação no Amapá.

The American Convention on Human Rights embodied in an extensive way, the protection of the use and enjoyment of property, including land property. The Inter-American Court of Humans Rights has interpreted this right in an evolutionary way, according with the particular necessities of the people under the jurisdiction of the State Parties of the Convention.

Desde la década de 1990 la región del Pacífico colombiano vive un proceso inédito de agudización del conflicto armado interno. Algunos estudios han descrito este hecho como una consecuencia no intencionada del reconocimiento de las poblaciones negras de la región como grupos étnicos propietarios de los territorios en los que habitan.

La experiencia de reubicación de 62 familias desplazadas en el Departamento del Guaviare que accedieron a un Subsidio Integral de Tierras (SIT) en el año 2006, por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural INCODER, se investigó cubriendo un horizonte temporal de una década (2005 al 2015).

La construcción y el mantenimiento de infraestructura en Colombia han sido definidos como una de las locomotoras de desarrollo económico del país. Esto requiere de grandes inversiones. Estudios económicos recientes en países en vía de desarrollo, como Colombia, muestran que gran parte del financiamiento de proyectos de infraestructura se logra por medio de la inversión del sector privado. De este, más de la mitad es inversión extranjera. Colombia ha adoptado recientemente una política de apertura a la inversión extranjera.

Una de las principales banderas de lucha de los agricultores desde las primeras décadas del siglo XX, ha sido la conquista del derecho a ser propietarios de la tierra que trabajan. Desde el proceso de Reforma Agraria iniciado en el gobierno del General Velasco Alvarado (1969-1975) y durante los años sucesivos, se otorgaron miles de títulos de propiedad a los agricultores, sea directamente o por medio de empresas asociativas de propiedad común.

La restitución de tierras como instrumento de reparación en el contexto de la justicia transicional en Colombia, incorpora importantes herramientas que denotan su potencialidad en la consecución de objetivos de justicia que van más allá de la justicia correctiva.

Este artículo tiene como finalidad explorar la relación que existe entre las dinámicas de la inversión extranjera y la migración formada en el contexto del conflicto armado colombiano. Mediante la presentación de una serie de casos recientes, se muestran las diversas formas en que la operación de las empresas multinacionales ha generado efectos negativos a las comunidades vulnerables ubicadas en las zonas de influencia de esos proyectos, lo que implica procesos de movilidad humana involuntaria.

Comenzando con una breve revisión histórica, este artículo pretende exponer las razones principales que determinan la improcedencia de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la que se publicó en el Suplemento del Registro Oficial N.-711, de 14 de marzo de 2016.

La crisis alimenticia es apreciada como un problema productivo y distributivo, aun cuando no hay carencia ni una sobredemanda de alimentos que determine su escasez. La crisis es el sobreprecio de los alimentos, es la especulación con una mercancía vital para la vida y la salud de las personas y los pueblos.