Los bosques tropicales albergan la mayor diversidad genética del mundo (Cincotta et al., 2000). Sin embargo, estos ecosistemas están siendo drásticamente transformados especialmente por deforestación y sobrexplotación de especies de importancia comercial. En México, 80 % de los recursos forestales están en manos de ejidos y comunidades (White y Martín 2002), lo que es una fortaleza por lo que el aprovechamiento forestal sustentable resulta en beneficios directos para los pobladores de dichas áreas forestales.

Comenzando con una breve revisión histórica, este artículo pretende exponer las razones principales que determinan la improcedencia de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, la que se publicó en el Suplemento del Registro Oficial N.-711, de 14 de marzo de 2016.

El trabajo consiste en un estudio histórico y crítico de los mecanismos jurídicos de protección de las tierras de la población desplazada, en el cual se revisan las políticas públicas y la legislación que ha tenido incidencia en la materia.

La presente investigación titulada: “La restitución de tierras en Colombia: un instrumento para reparar las víctimas del conflicto armado o un instrumento político para el desarrollo económico”, se enmarca dentro de los estudios de instrumentos de la política pública y la plantea como interrogante central: ¿Por qué se privilegió la restitución de tierras, Ley 1448 del 2011, como el instrumento para reparar los derechos fundamentales de las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia?

El siguiente artículo argumenta cómo el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Canadá y Colombia, iniciado el 21 de noviembre de 2008, aumentará las condiciones de vulnerabilidad de la población dedicada al corte de caña de azúcar en el departamento del Valle del Cauca, Colombia. En este sentido, el poder de los organismos internacionales y el de las empresas multinacionales contribuirán a la violación de los Derechos Humanos manteniendo un orden global injusto que ahonda las condiciones de pobreza de las personas que ejercen estas actividades

Los beneficios de la competencia institucional se alcanzan bajo ciertas normas que impiden la violación de derechos y la depredación de los recursos. La competencia horizontal puede tomar la forma de agresión violenta entre jurisdicciones (guerra) o la de cooperación y comercio. Su impacto puede ser “negativo” si substrae recursos de gobiernos benevolentes comprometidos con el bienestar general de la comunidad, pero “positivos” si se los considera como otra forma de controlar el Leviatán.

Los conflictos de tierras en comunidades aimara, a pesar de ser numerosos, han sido poco estudiados. Este artículo se adentra en el examen de las contradicciones por dominios de tierras entre las comunidades de Chulluncane y Villablanca del altiplano de Tarapacá. Analiza la dimensión simbólica y material de las disputas territoriales, el carácter histórico de las desavenencias y los aportes de geógrafos y otros cientistas para comprenderlos.

Este trabajo de investigación analiza el conflicto generalizado en la Amazonía peruana por el derecho y el uso del territorio, cuyo punto más visible es lo ocurrido en Bagua en junio del 2009, con lamentables resultados y donde se puso en evidencia una difícil relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades nativas de la Amazonía.

Las redes organizativas de los campesinos costeños en algunas zonas de Guayas y Los Ríos fueron muy importantes en la década de 1970 cuando la reivindicación principal era la tierra. Esto cambió después de 1980 con la existencia de otras demandas campesinas que no pudieron ser resueltas por las organizaciones. Sin embargo desde 1990 se observa la aparición de organizaciones de segundo grado articuladas por la Iglesia Popular que se sustentan en las comunidades eclesiales de base cuya acción busca la satisfacción de múltiples demandas de los pequeños productores rurales.

La promulgación de la Ley 387 de 1997 en Colombia, funda un nuevo sujeto jurídico que será nombrado, definido y reconocido bajo la categoría "desplazado". Desde la promulgación de la Ley 387 de 1997, “En Colombia, el empleo de la categoría "desplazado" se encuentra usualmente acompañado del verbo ser y no del estar, generando que ser "desplazado" no sea asumido como una situación transitoria de la cual pueden salirse quienes han quedado registrados en dicha categoría sino que, por el contrario, ser "desplazado" comienza a ser asumido como una identidad (Osorio, 2000:177).

Desde el reconocimiento de la existencia del desplazamiento forzado, el Estado ha ampliado y fortalecido la protección para los derechos de las víctimas. No obstante, las vulnerabilidades asociadas a la situación de desplazamiento se han agudizado. Este escenario da cuenta de una relación paradójica. En este trabajo pretendo mostrar una de las caras de esa situación, la forma en que el Estado ha administrado el asentamiento de la población en situación de desplazamiento como una forma de respuesta a las demandas de las víctimas para la cesación de la situación de desplazamiento.

La presente tesis tiene como objetivo principal realizar una descripción sobre el fenómeno de desplazamiento forzado en Colombia, así como de los avances que el Estado ha implementado en la política de prevención y atención de la población afectada por este fenómeno, en especial de los mecanismos de reparación establecidos para lograr el restablecimiento de derechos a través de la restitución de tierras.