El avance del agronegocio sobre territorios ocupados por agricultoras y agricultores familiares y sobre territorios ancestrales de comunidades indígenas se ha ido intensificado en los últimos años, con graves consecuencias como desalojos forzosos, en muchos casos violentos, ya sea por el uso de las fuerzas policiales o empresariales, poniendo en riesgo la vida de quienes resisten a los mismos.