Siete de cada diez mujeres campesinas, indígenas y afrodescendientes en cinco países de América Latina trabajan la tierra para producir alimentos, pero solo tres tienen título de esos campos y tierras, según un informe de una ONG y un medio feminista.
El estudio publicado esta semana, realizado a lo largo de este año por los periodistas del portal LatFem María Paz Tibiletti y Azul Cordo, se basa en testimonios de 1.994 mujeres encuestadas de Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras y El Salvador, entrevistas con defensores ambientales y especialistas de la ONG We Effect y cuatro grupos focales.
«La investigación confirmó algo que intuimos: teníamos la certeza de que son ellos los que alimentan al mundo pero no sabíamos cómo producen, acceden a la tierra y se organizan en defensa de sus derechos», dijo Tibiletti a Télam sobre la obra. lo que nos invita a cuestionar la actualidad de las mujeres que trabajan la tierra en la región.
En este sentido, Cordo instó a los gobiernos a desarrollar políticas públicas integrales con perspectiva de género.
«Debemos empezar a buscar respuestas ante la falta de políticas públicas concretas que faciliten el acceso a la tierra de las mujeres»él explicó.
Según el informe, tres de cada 10 mujeres campesinas que tienen la tierra a su nombre, la obtienen principalmente a través de la herencia de parcelas, si son viudas o si sus padres fallecieron y no tienen hermanos, y en menor medida mediante préstamos o alquiler.
Cordo destacó la existencia de «una dependencia que tiene que ver con los roles de género que persisten en torno al acceso de las mujeres a la tierra».
“Las tierras que se pueden alquilar en general son improductivas, están ubicadas en pendientes, lugares muy secos o lugares que tuvieron un impacto ambiental. Cuando entran, las transforman mediante técnicas agroecológicas. Y la paradoja es que una vez mejorada esa tierra , el dueño no lo alquila nuevamente ”, agregó.
El informe afirma que La violencia ejercida sobre las mujeres campesinas por la falta de propiedad también afecta las posibilidades de acceso al crédito y los servicios financieros., ya que la tierra se suele utilizar como garantía, y esta falta de acceso los empuja a vivir en la pobreza, situación que Tibiletti calificó de «alarmante».
“El acceso a la tierra (….) también funciona como un derecho multiplicador de otros derechos sociales, económicos y ambientales como la alimentación, la vivienda digna y, en particular, la autonomía económica de la mujer campesina”, dijo.
La pandemia de coronavirus agravó aún más las condiciones en las que viven las mujeres rurales y provocó una sobrecarga de tareas de cuidado no remuneradas.
Según el informe de LatFem y We Effect, El 57% de las personas consultadas dijo tener dificultades para acceder a los alimentos y lo resolvió por su cuenta o con su comunidad. -lo cual demuestra la relevancia de las redes de cooperación-, mientras que el 7% acudió a las autoridades para solicitar apoyo y el 17% aún no lo ha resuelto.
“Ante esta marcada desigualdad, es fundamental que los países de la región implementen (…) políticas y programas públicos que promuevan el acceso y la propiedad equitativa de la tierra, especialmente para las mujeres”, dijo Tibiletti.