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Este trabajo de investigación analiza el conflicto generalizado en la Amazonía peruana por el derecho y el uso del territorio, cuyo punto más visible es lo ocurrido en Bagua en junio del 2009, con lamentables resultados y donde se puso en evidencia una difícil relación entre el Estado, las empresas extractivas y las comunidades nativas de la Amazonía. Se plantea que más allá del origen y complejidad de los conflictos, algo de fondo condiciona todo lo demás: el choque de dos visiones y percepciones muy distintas; por un lado, el Estado defendiendo la necesidad de inversiones para el desarrollo del país a cualquier costo y, por otro, la de los pueblos indígenas en la necesidad de tener un ambiente saludable. Los pueblos indígenas tienen una manera de entender el mundo muy apegada a la tierra, al agua y a la biodiversidad de los territorios en los que llevan viviendo muchos siglos. Esta forma de situarse en el mundo, inseparable de su modo de vida, es una realidad incomprensible para el Estado, muestra de ello es el otorgamiento de concesiones petroleras, mineras y madereras sobre territorios indígenas, con lo cual ha desencadenado conflictos sociales en el país. Se sostiene que el conflicto continuará si no se desarrolla una visión diferente de desarrollo desde el Estado con políticas públicas en favor del cuidado, protección y uso adecuado de los recursos de la Amazonía. Además se deben otorgar seguridad y garantías a los pueblos indígenas sobre los territorios.